Coste que han supuesto para el erario público los servicios jurídicos del Estado, así como honorarios de letrados, procuradores y peritos, vinculados a la tramitación durante prácticamente diez años del expediente sobre el que se ha pronunciado recientemente la Audiencia Nacional anulando actos administrativos de liquidación y sanción dictados por la Agencia Tributaria de Cataluña.