Existencia de alguna instrucción, orden, criterio interno o directriz dictada por el Ministerio del Interior o, en su caso, por la Dirección General de la Policía, que haya modificado los criterios de tramitación y resolución de las cartas de invitación de extranjeros, así como comprobaciones que se realizan con carácter previo a su concesión y consecuencias de una eventual flexibilización de los criterios de concesión.