Evidencias o análisis técnicos de los que dispone el Gobierno que indiquen que existe un riesgo significativo de que se produzca un nuevo apagón eléctrico de gran alcance en España, así como evaluación económica realizada sobre el coste de adaptación que deberán asumir los operadores de telecomunicaciones ante el anuncio de un Real Decreto de seguridad y resiliencia de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas.